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El 1 de junio de 2024, durante la cuenta pública, el Presidente Gabriel Boric anunció que daría urgencia al proyecto de ley que busca regular la eutanasia o “muerte digna” en Chile. Sin embargo, a un año de ese anuncio, la iniciativa aún no ha prosperado, desplazada por otras prioridades legislativas como la ley corta de Isapres.
Este escenario reabre un debate profundamente humano: ¿tenemos derecho a decidir cómo y cuándo morir en contextos de sufrimiento extremo? Con una esperanza de vida que supera los 80 años y una creciente población adulta mayor, Chile no puede seguir postergando esta conversación.
La palabra eutanasia proviene del griego “eu-tanatos” y significa “buena muerte”. Según la RAE, se trata de una intervención deliberada para poner fin a la vida de un paciente sin posibilidad de cura. La OMS la define como una acción destinada a provocar la muerte sin dolor, en casos de enfermedades terminales o comas irreversibles, cuando el sufrimiento físico, emocional o espiritual se torna incontrolable.
Eutanasia activa ➡️ Acción directa del médico para terminar con la vida del paciente, siempre bajo su consentimiento y regulada legalmente.
Eutanasia pasiva➡️ Omisión de tratamientos que prolongarían artificialmente la vida.
Limitación del esfuerzo terapéutico (LET) ➡️ Decisión médica de no aplicar medidas desproporcionadas cuando no hay posibilidad de recuperación.
Algunos autores consideran que LET y eutanasia pasiva son sinónimos, mientras otros prefieren diferenciarlos. Esta falta de consenso refleja la necesidad de una terminología clara que permita un diálogo transparente entre pacientes, médicos y legisladores.
Son documentos en los que una persona declara, de forma legal y anticipada, qué tipo de tratamientos desea o no recibir en caso de no poder expresar su voluntad en el futuro. Están directamente asociadas a una mayor autonomía del paciente, menor uso de recursos médicos innecesarios y una mayor probabilidad de fallecer en entornos no hospitalarios.
La eutanasia activa está prohibida en Chile según la Ley Nº 20.584 (2012). Sus artículos 14 y 16 prohíben expresamente cualquier acción que tenga como objetivo acelerar la muerte.
Desde 2001 se han presentado diversos proyectos de ley. Uno de los más relevantes es el Boletín 11745-11, aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados y actualmente en espera de discusión en el Senado.
Mientras tanto, la ambigüedad legal actual impide garantizar los derechos de pacientes terminales, en cuanto a su autonomía y capacidad de decisión.
📢 Dr. Manuel Almeyda (2014): Solicitó eutanasia por insuficiencia respiratoria; falleció tras negarse a comer.
📢 Valentina Maureira (2015): Adolescente con fibrosis quística que pidió públicamente a la presidenta Michelle Bachelet acceder a la eutanasia. Su historia conmovió al país.
📢 Paula Díaz (2018): Joven de Talca con una enfermedad degenerativa. Solicitó el derecho a morir, pero falleció sin respuesta institucional.
📢Cecilia Heyder (2021-2023):Activista por los derechos humanos que, con cáncer y lupus, pidió legalmente el derecho a una muerte asistida. Su caso llegó a la Corte Suprema, que rechazó su solicitud.
Estos casos visibilizaron una realidad dolorosa: la legislación actual no entrega respuestas ni alternativas claras a quienes enfrentan enfermedades terminales.
Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Colombia.
Canadá, España, Reino Unido, India, entre otros.
En países como el Reino Unido existe la orden “Do Not Attempt Resuscitation” (DNAR), una directriz anticipada que evita maniobras de reanimación en caso de paro cardiorrespiratorio.
España, por su parte, permite desde 2000 que las comunidades autónomas desarrollen modelos de testamento vital, con amplia aceptación ciudadana.
Distintas encuestas muestran un respaldo mayoritario a la eutanasia en Chile. En 2024 en Encuesta Plaza Pública de CADEM Research, un 75% de la población apoyaba legalizarla. Sin embargo, este respaldo no se ha traducido en avances normativos.
Una crítica recurrente es que en Chile la autonomía del paciente suele quedar supeditada al juicio médico o familiar. La falta de regulación deja espacio para decisiones arbitrarias y vulnera el derecho a decidir sobre la propia vida.
Además, las desigualdades sociales marcan el acceso a una muerte digna. Muchos pacientes no acceden a cuidados paliativos oportunos, especialmente en sectores de bajos ingresos, profundizando la injusticia en el final de la vida.
La eutanasia no debe ser vista como una amenaza a la vida, sino como una herramienta para aliviar el sufrimiento extremo, respetando la voluntad de quien transita sus últimos días.
Regular la eutanasia es reconocer que la dignidad también está en el derecho a decidir cuándo dejar de sufrir. Se trata de respetar la autonomía, la diversidad de creencias y la experiencia individual del morir.
En un país que se declara laico y democrático, negar esta discusión es una forma más de desigualdad. El llamado es claro: abrir el debate, legislar con responsabilidad y garantizar a todos el derecho a una muerte digna.
